Litio y transición: ¿una promesa de desarrollo?

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Ante los desafíos que nos presenta la creciente urgencia por llevar a cabo una transición energética hacia una matriz diversificada y con menor presencia de combustibles fósiles, se abre el campo para que los países latinoamericanos concentremos nuestros esfuerzos en la utilización de ciertos recursos estratégicos para la transición energética y en el desarrollo de tecnologías para facilitarla.  

En este marco, el litio aparece como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico nacional en Argentina. Al tratarse de un mineral clave para el desarrollo de la movilidad sostenible, su demanda en el mercado internacional incrementará junto con los esfuerzos internacionales por disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. A la vez, como toda actividad minera, su explotación genera conflictos con las comunidades que habitan la región conocida como el “triángulo del litio” y puede tener impactos negativos graves en los ecosistemas donde se produce (la “huella material” de la explotación de litio).

En este artículo intentaremos responder una serie de preguntas: ¿Pueden darse condiciones para que la explotación sea compatible con los objetivos de desarrollo sostenible y las demandas de las comunidades?, ¿qué rol jugaría en la búsqueda por mayor independencia en el mercado internacional y disminución de la vulnerabilidad del país ante cambios coyunturales?, ¿vale la pena? Y por último: ¿hay alternativa?

Hacemos una exploración en torno a las potencialidades del litio como vector del desarrollo en Argentina, en miras a la transición energética y la descarbonización. Comenzamos metiéndonos en el debate en torno al rol del sector energético en la crisis climática, y las responsabilidades diferenciadas entre el Norte y el Sur Global. Luego, realizaremos un breve racconto de la bibliografía utilizada para analizar los principales elementos intervinientes en el debate en torno al litio. En base a esto, estaremos explorando las potencialidades y desafíos del desarrollo del litio, con énfasis en la transversalidad de las demandas ambientales y la justicia social.

Todo se transforma… 

Cuando hablamos de sistema energético, estamos hablando de las fuentes de las que extrae energía una sociedad para realizar actividades humanas. 

“Desde una perspectiva biofísica, la historia de la humanidad puede verse como una búsqueda incesante por controlar una mayor cantidad de fuentes y flujos de energía, en formas cada vez más concentradas y versátiles, para transformarlas de maneras más eficientes y económicas en calor, iluminación y trabajo (o movimiento)” (Arroyo, 2022: 147). 

En otras palabras, los grandes cambios históricos también vienen acompañados por cambios en la matriz energética, es decir, en la distribución de las fuentes de energía que componen nuestra “dieta energética”. Los cambios profundos en esta dieta energética son conocidos como transiciones energéticas, y marcan cambios estructurales en la historia de la humanidad, como el pasaje a las sociedades sedentarias basadas en la agricultura y ganadería, o la revolución industrial. Si querés leer más en profundidad sobre las transiciones energéticas, te dejamos este artículo que escribió Juani Arroyo.

El problema es que el reemplazo de una fuente predominante por otra no implica una sustitución, sino que se trata de un aumento de la torta en su conjunto: a medida que descubrimos formas más eficientes¹ de abastecimiento y producción, aumenta también la producción y la demanda (Gráfico 1)

Es importante destacar  que el sector energético compone aproximadamente el 75% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global², y transicionar hacia una matriz más diversificada con una mayor participación de energías limpias en la torta es probablemente la pieza más importante si queremos reducir nuestras emisiones y apuntar a restringir las alzas en las temperaturas globales que pronostica el IPCC para las próximas décadas³ (Gráfico 2 en el anexo). Entonces no alcanza con que hablemos de mayor eficiencia energética, sino que debemos apostar por un cambio en la demanda de bienes y servicios para evitar que se produzca este efecto rebote (lo que llamamos suficiencia energética).

Las fuentes de energía renovables, como la energía solar, la eólica o la hidroeléctrica, no son estrictamente finitas porque provienen de recursos naturales renovables (como la luz solar, el viento, etc). El problema es que la capacidad de generación de energía de estas fuentes alternativas es mucho menor que la de los hidrocarburos, y su almacenamiento es más complicado. Cuando hablamos de energías limpias, estamos incluyendo en el abanico a las renovables y a fuentes alternativas como la energía nuclear y el hidrógeno verde. En este caso no vamos a analizar las diferentes fuentes de energía, sino que nos concentramos en un factor esencial para el acceso a ella: el almacenamiento y traslado de la energía.

¿A qué voy? Las baterías de ion litio (BiL) son un elemento clave para hablar de transición energética: por su rol en la ampliación de la movilidad eléctrica y su capacidad de almacenamiento y transporte de energía. El litio es un bien que se encuentra en pocos lugares del mundo y su extracción es compleja y cara. Pero primero, ¿qué es exactamente? ¿Por qué es tan importante? 

¿Cuál es nuestro “norte”?

No es posible concebir una transición hacia una matriz diversificada, con predominancia de fuentes de energía limpias, sin insertarnos en el contexto socioeconómico y en las herencias coloniales y de subdesarrollo del Sur Global. Hablar de justicia climática implica hablar de justicia social, de herencia, de daños y pérdidas, en resumen: de neocolonialismo y dinero.

El gráfico 3 muestra el porcentaje acumulado de emisiones de gases de efecto invernadero por país. En éste puede observarse como los 10 países más contaminantes⁴ son responsables por más de la mitad de las emisiones a nivel global, mientras que los 100 países más pobres no llegan al 3% de las emisiones de GEI. Entonces, al hablar de tratados internacionales y metas de reducción de emisiones, generación de residuos, etc, ¿es justo imponer las mismas expectativas y sanciones a todos los países? Podes profundizar sobre este debate acá.

Las transiciones energéticas no son instantáneas, sino que tardan muchos años en que una fuente de energía logre imponerse por sobre su predecesora. Y en este caso estamos hablando de una recomposición de la matriz junto con un cambio paradigmático en el consumo energético. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es si hay que seguir explotando hidrocarburos; por lo menos a corto y mediano plazo seguirán jugando un rol fundamental en la sociedad si queremos garantizar la accesibilidad y asequibilidad energética para toda la sociedad, indispensable para cubrir las necesidades básicas para una vida digna. El foco debe estar puesto en dónde y cómo. 

Sabemos que los hidrocarburos y los recursos minerales seguirán siendo una parte esencial de nuestras vidas en el mediano plazo, por lo que es pertinente cuestionar qué países deberían liderar la extracción y tener predominancia en el mercado internacional. Sin embargo, esto sigue persiguiendo pautas de desarrollo dictaminadas por el desarrollo “tradicional”, siguiendo el esquema de los países del Norte Global, que no son compatibles con los límites planetarios, mucho menos si queremos orientar nuestra acción hacia la diversificación de la matriz y a la reducción de emisiones.

De esto se desprende la pregunta sobre qué formas puede adoptar el desarrollo latinoamericano. ¿Debemos realizar una imitación y transferencia de innovaciones tecnológicas, como el modelo de industrialización de Asia del Este? ¿O es posible concebir un desarrollo basado en la innovación de recursos naturales? ¿Es compatible este modelo con las metas de reducción de GEI? Teniendo en cuenta los regímenes de gobernanza de cada país junto con los compromisos ambientales internacionales, ¿Podemos apuntar a un desarrollo de la industria de fabricación de BiL? ¿Qué limitaciones se nos presentan en la fase de desarrollo industrial y tecnológico? ¿Qué alternativas existen?

¿Oro blanco?

“El litio es un elemento químico con el símbolo Li: un metal alcalino blando de color blanco plata. No ocurre libremente en la naturaleza, sino en compuestos: por ejemplo, disuelto en agua de mar y en el fluido residual de la producción de petróleo, pero la mayor concentración -y la explotable- se encuentra principalmente en un determinado tipo de roca (espodumeno) y en salmuera.” (Möhle, 2022). 

También conocido como “oro blanco”, el litio es un componente esencial para la fabricación de baterías de ion litio (BiL), utilizadas para el almacenamiento energético. Si bien tienen múltiples usos, se destaca el rol que cumplen en el desarrollo de la electromovilidad. Las BiL permiten almacenar y transportar energía producida con fuentes renovables y, por sus amplias capacidades de almacenamiento energético, son una pieza fundamental para el desarrollo de la industria automotriz eléctrica, que viene en ascenso y seguirá creciendo con el aumento en la demanda de transporte eléctrico suscitado por las presiones de descarbonización y sustitución de vehículos que consumen combustibles fósiles. Por esto, las Redes Globales de Producción (RGP) de Litio y de BiL son lideradas por las industrias automotrices que están encabezando el desarrollo de la electromovilidad. Las principales fuentes de litio son las salmueras continentales, y las minerales. Los mayores yacimientos son los salares, cuya explotación es más sencilla, y se encuentran en pocos países, léase, Estados Unidos, Chile, Argentina, China y Bolivia. Por eso, estos cinco países son hoy en día los que se encuentran en mejores condiciones para explotar el mercado de extracción lítifera. 

La producción de estas baterías es un proceso complejo que se desdobla en dos fases principales: la primera fase de extracción, que puede ser a partir de la piedra espomuneda, y se trata de una minería más tradicional, o a partir de salmuera; y la segunda fase, de industrialización y producción de las BiL. Una fase intermedia es aquella dedicada a la fabricación de equipos (láminas de electrodos, cátodo, separadores, electrolitos, etc) (Obaya, 2021: 8). Esta complejidad en la fabricación de las BiL significa que ningún país puede contar con la totalidad de los elementos necesarios para su elaboración, por lo que se forman redes globales de producción en la que se articulan diversas regiones. América Latina, Australia y Estados Unidos concentran los yacimientos litíferos y se insertan, por lo tanto, en el segmento de extracción y producción. Por otro lado, China y otros países asiáticos encabezan el desarrollor de la industria automotriz y la producción final de BiL. Es importante destacar que litio compone solamente un 5% del costo total de la fabricación de BiL (CEPAL, 2021), por lo que el pasaje a la producción de baterías en los países con yacimientos requiere de una infraestructura, insumos, e inversiones enormes, y las aspiraciones por desarrollo de la cadena de valor en su totalidad son bastante ambiciosas. 

El triángulo del litio

En los últimos tiempos el litio ha estado en la mayoría de los debates sobre el desarrollo productivo nacional y regional. Hay bastante consenso respecto a su relevancia como recurso estratégico, por su rol en la transición energética, y por su aporte a la economía en materia de divisas, generación de empleo, desarrollo de proveeduría de insumos e ingreso de divisas (Möhle 2022). Pero, ¿en qué medida es el litio un recurso estratégico? “El litio, en verdad, es estratégico porque puede contribuir a organizar un recorrido de transformación real en términos tecnológicos, políticos, ambientales y económicos para superar el modelo extractivo-financiero que hoy se profundiza y consolida” (Fornillo y Slipak, 2022)⁵. Esta visión sigue la que concibe a los recursos naturales como una vía para desarrollar diferentes capacidades productivas al interior de cada país. Pero para alcanzar este potencial, es indispensable la planificación estratégica de todo el proceso productivo y de explotación, para lo cual debe considerarse el desafío de la integración regional como una tarea que se compone de diferentes actores que operan en varias escalas. 

A esto se suma que Argentina, Bolivia y Chile concentran el 58% de los recursos mundiales de litio⁶. La región conocida como el triángulo del litio se encuentra en la triple frontera entre el norte argentino (provincias de Salta, Jujuy y Catamarca), el norte chileno y el sur de Bolivia, y es en las salinas de esa zona que se encuentran los yacimientos más grandes de litio del planeta⁷.  Sin embargo, la correlación del tamaño de las reservas con su explotación no es directa: En el gráfico 4 puede observarse que los principales productores de litio a nivel global son Australia, que concentra un 46% de la producción, seguida por Chile con 23% y China con 16%. Argentina es el 4to productor, concentrando el 7% global. Esta asimetría entre la presencia de yacimientos y su explotación se debe a la complejidad técnica que implica el proceso de extracción y la necesidad de adaptarlo a las condiciones ecosistémicas de cada yacimiento. Un caso emblemático es Bolivia, que concentra 26% de los recursos de litio mundiales (aproximadamente 21 millones de toneladas), sin embargo no logra ubicarse entre los ocho países productores⁸.

La gobernanza es el marco en que se desenvuelve la actividad minera e incluye los recursos de participación que son dados a la sociedad, junto con “los derechos y las obligaciones sobre el acceso y el uso del recurso para los distintos actores que participan de la industria” (Obaya, 2021: 12). 

En Argentina, las actividades de exploración, extracción y procesamiento de litio están comprendidas dentro del Código de Minería, lo cual lo diferencia de Bolivia y Chile que cuentan con un régimen de gobernanza centralizado y regulación específica al respecto.  En Argentina, en cambio, se encuentra federalizado de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional que establece el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. Además, nuestro régimen cuenta con pocas regulaciones y beneficios impositivos, a modo de impulsar las inversiones de exploración y explotación minera en el país. Esto quedó estipulado en el Acuerdo General Minero, sancionado en 1993. Si querés leer en profundidad sobre la comparación del sistema argentino, chileno y boliviano, este informe de FUNDAR lo explica muy bien.

Argentina se diferencia de sus países limítrofes en cuanto éstos tienen modelos de gobernanza centralizados y guiados, en mayor o menor medida, por el Estado, frente a un modelo de naturaleza neoliberal con fuerte poder de veto de las empresas trasnacionales y de los gobernadores provinciales. Lo que resulta problemático del caso argentino,  y tiene bastante consenso entre expertos, es la importancia de una conducción centralizada de la gestión de este recurso para su administración y desarrollo (Freytes y otros, 2022; Obaya, 2021; GLASE, BID, 2020; CEPAL, 2019; Fornillo y otros, 2019). Estamos ante un cuello de botella en que no pueden revocarse las concesiones otorgadas en el marco de la ley de inversiones mineras, aunque las mismas resulten severamente improductivas y dañinas para las comunidades locales. A su vez, la incapacidad del gobierno nacional de declarar al recurso como estratégico implica una limitación a su capacidad de elaborar normativa específica al respecto⁹.

¿Cómo puede la Argentina encarar el asunto del litio? La cuestión del dominio originario de las provincias impone serias limitaciones a la capacidad de acción de la nación. Descartando la posibilidad de una reforma constitucional, una normativa específica para el litio, junto con un régimen de gobernanza centralizado, parecen ser las condiciones iniciales necesarias para el mejor aprovechamiento de las rentas generadas por la explotación y producción del mineral. Es posible imaginar también un agregado en la cadena de valor mediante el desarrollo de innovaciones tecnológicas orientadas a la producción de hidróxido y carbonato de litio en la fase de extracción y producción. Pero nada de esto es posible sin la coordinación entre el Estado central y las Provincias, al igual que una articulación estratégica entre capitales públicos y privados. Dado el estado actual de la legislación y las concesiones, estos planteos resultan casi utópicos, lo cual no los vuelve menos necesarios.

¿Desarrollo y cooperación?

El mundo se está reconfigurando geopolíticamente, los próximos años serán definitorios para el rumbo que se vaya a adoptar, y es posible que la integración regional de América Latina sea un factor indispensable para mejorar nuestra posición relativa en el escenario internacional.  Relacionado con este punto están las posibilidades de cooperación regional que se abren en base al mercado del litio. Rodolfo Tecchi afirmó que “En un futuro cercano y con una producción plena, Bolivia, Argentina y Chile van a manejar el mercado del litio. Podrían hacerlo en una suerte de OPEP”¹⁰. 

Las principales posibilidades de cooperación identificadas se centran sobre cuatro ejes: cooperación científica; fijación de precios de los compuestos de litio; impulso de un mercado regional de electromovilidad; gobernanza del recurso (CEPAL, 2021: 132). Debido a las especificidades de la composición química de cada salar, no es posible un modelo de replicación directa de tecnologías, sino que éstas deben adaptarse a cada caso. Es por ello que la innovación tecnológica puede ser un punto en el cual focalizar la cooperación regional. La innovación científica en este área no sólo facilitaría la extracción, sino que podría trabajar en pos de disminuir los impactos negativos de la misma en los ecosistemas y las comunidades (la “huella material” de la extracción) y podría ser un punto de exportación para estos países.

Por otro lado, se observa una baja transparencia en la fijación del precio de comercialización, ya que éste se basa principalmente en contratos privados. Establecer lineamientos comunes y precios básicos de forma conjunta podría ayudar a mitigar esto. De aquí se desprende también el tercer eje, el desarrollo de un mercado regional de electromovilidad. Para esto, deben existir incentivos impositivos por parte de los Estados para promover la producción y el consumo de vehículos eléctricos, lo cual va en consonancia con los esfuerzos por la descarbonización y reducción de dependencia de los combustibles fósiles. Pero eso requiere de la existencia de un mercado regional que retroalimente la innovación e inversión en este área, lo cual podría lograrse eliminando aranceles y trazando acuerdos de promoción. El cuarto punto es la concertación de regímenes de gobernanza, sobre todo en torno al establecimiento de estándares mínimos de impacto ambiental, y la creación de mecanismos de consulta ciudadana para promover el control sobre las minas y disminuir el impacto que éstas tienen en la zona.

Lo que no nos cuentan

Hasta ahora nos concentramos en los elementos jurídicos y económicos de la cuestión del litio. En este apartado intentamos abordar algunos de los principales conflictos que suscita en el país: los cuestionamientos ambientales y territoriales.
Respecto a los riesgos ambientales:

“Si hubiera que explicarlo en una oración, la minería de litio de salmuera consiste en bombear el agua subterránea y exponerla al viento y la radiación solar en grandes piletones para que el mineral de interés se concentre y luego poder separarlo en una planta química”. (Möhle, 2022)

Esto impacta por la acumulación de sales descartadas y por la posibilidad de afectación de agua en el proceso de extracción de la salmuera, el uso de agua dulce y la infiltración entre acuíferos. El riesgo es el de una afectación o bien irreversible, o bien costosa en términos de recuperación. Para evitarla, es fundamental fortalecer la mitigación y el monitoreo: el ritmo de extracción no debe afectar el balance hídrico del salar y, además, el concesionario debe actualizar su Estudio de Impacto Ambiental cada 2 años, ocasión para ajustar la cuota de verificarse afectación alguna. Por más que sea reiterativo, es indispensable remarcar el rol que debe cumplir el Estado en garantizar y monitorear las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) para minimizar los riesgos de contaminación de los acuíferos. 

No podemos dejar de mencionar que las EIA corren riesgo bajo la normativa del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), contenido en el Título VII de la Ley Bases (Ley N° 27.742), aprobado en el mes de junio del 2024. El mismo establece condiciones extremadamente generosas para inversiones extranjeras que superen los 200 millones de dólares. Además, los contratos brindan estabilidad jurídica e impositiva por el plazo de 30 años, y el Artículo 162 establece que cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que pueda afectar al RIGI será “nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación” independientemente de si la jurisdicción se adhiere al régimen o no, imponiendo como jurisdicción para dirimir eventuales conflictos al CIADI (tribunal absolutamente colonizado por corporaciones transnacionales que siempre ha fallado en contra de nuestro país). Esto, junto a lo dispuesto por el artículo 190 donde se otorga a las empresas que apliquen al régimen prioridad de uso de todo insumo por sobre las necesidad de las provincias, representa un disparate a nivel federal, republicano y constitucional, y sus alcances por sobre las autonomías jurisdiccionales resultan alarmantes¹¹.

Con el RIGI, los beneficios otorgados a proyectos de minería son enormes y para el colmo, no se le exige a las empresas que inviertan en I+D en el país. Se trata de tremendos beneficios, para una actividad que de por sí es tremendamente rentable y sólo puede realzarse en contados países del mundo. La exclusividad de la posesión de yacimientos de litio debería dar pauta para que el Estado ajuste los requerimientos a las empresas en pos de potenciar el desarrollo nacional. Sin embargo, optaron por un sistema que es inequitativo, inigualitario y profundamente injusto.

Dentro del impacto ambiental también es importante remarcar la huella material de la extracción de litio, es decir, el impacto que tiene sobre el ecosistema y la biodiversidad. “Sin planificación estratégica, el aumento en la extracción de minerales para las energías renovables exacerbaría aún más las amenazas contra la biodiversidad” (Arroyo y Godfrid, 2022: 12). No alcanza con mejorar la eficiencia y nuestras capacidades tecnológicas si no nos proponemos realizar un cambio en nuestros horizontes de sentido en torno al consumo. Las baterías de ion-litio, la exportación de GNL, incluso el impulso de energías renovables, son todas soluciones temporales ante los límites planetarios a los que nos enfrentamos si continuamos con patrones de extracción y consumo que exceden ampliamente las capacidades regenerativas del planeta. 

El otro gran conflicto es aquel con las comunidades que habitan en los territorios donde se realiza la explotación, que pertenecen mayoritariamente a comunidades indígenas. Los conflictos surgen en torno a la utilización de las tierras para su explotación y al suministro de agua, extremadamente escaso en esas zonas. Las comunidades indígenas se concentran en asambleas y organizaciones inter-comunidades para reclamar por la presencia de las empresas extractivistas y el desplazamiento que sufren por ello¹². 

En torno a esto, Alfredo Casimiro, representante de los pueblos de Atacama en la zona de la Puna, afirma que: 

“como pueblos estamos preocupados porque vivimos ahí, y lamentablemente no hay voluntad política del Estado provincial y nacional de hacer lo que dice claramente la constitución nacional (…) Me preocupa también que las multinacionales que vienen por el litio vienen sólamente a ofrecer trabajo, y la discusión no es esa. La discusión es cómo seguimos viviendo las comunidades a partir de que nuestros recursos naturales se terminen, de que nuestros territorios queden contaminados, con pasivos ambientales¹³«

El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional afirma que los pueblos indígenas preceden al Estado Nación en esos territorios, y reconoce sus derechos sobre dichas tierras. El otro elemento jurídico sobre el que se sustentan los reclamos indígenas es el Convenio 169 de la OIT, el cual estipula la consulta previa libre e informada, y la autonomía de las comunidades respecto a sus formas de desarrollo (Débora Pragier para Cenital, 2022). 

Este desafío excede los problemas coyunturales, sino que se trata de un cambio cultural más profundo. Las mesas de consulta pública son un elemento indispensable para impulsar el cambio, pero no suficiente. Sin una normativa específica sobre la extracción litífera, ni restricciones a las empresas trasnacionales, las posibilidades de reducir el impacto negativo que la explotación tiene sobre las comunidades se ven severamente reducidas. A esto se suma que el RIGI atenta contra los sustentos legales que poseemos para mitigar la acción extractivista. El panorama que se abre a partir de su aprobación es, como mínimo, incierto. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que nuestro país es uno de los principales focos de conflicto ambiental contra la acción minera. ¿Hasta qué punto serán viables las inversiones en zonas de conflicto constante? ¿Puede la acción colectiva pesar más que un contrato?

Conclusión – ¿Ambiente o desarrollo? 

¿Puede convivir el desarrollo minero/industrial con los objetivos de sustentabilidad y la protección del ambiente y las comunidades? A primera vista, la respuesta es no. Sin embargo, autores como Álvaro García Linera han argumentado la necesidad de un período de utilización selectiva del extractivismo para financiar a mediano/largo plazo la transición hacia una economía del conocimiento¹⁴. Esto se desprende de que no es posible concebir una transición hacia fuentes de energía limpias sin insertarnos en el contexto socioeconómico y en las herencias coloniales y de subdesarrollo del Sur Global. En contra de esto puede argumentarse que no abundan los ejemplos de rentas de la minería o de la explotación de hidrocarburos que sean efectivamente reinvertidos en pos de una transición energética y hacia otro tipo de desarrollo, uno que no esté basado en la explotación de recursos naturales. Sin embargo, el agregado de valor a esta industria mediante la innovación en segmentos aguas arriba puede contribuir a una mutación de una dependencia de la exportación de materias primas, hacia una industria que agregue conocimiento y valor a estos recursos. 

Necesitamos de una planificación estratégica por parte del Estado, de la realización de proyecciones conjuntas entre provincias para diseñar planes nacionales, y los potenciales de esta industria para impulsar la cooperación regional. También es necesario incorporar mecanismos de consulta pública e implementación. Al hablar de planificación estratégica, desarrollo, transición energética, es fácil olvidarse que del otro lado hay ecosistemas, hay personas con sus propias cosmovisiones y vínculos con el territorio que no deben ser pasadas por alto. 

La pregunta de ambiente o desarrollo es algo engañosa: ante la desigualdad estructural y la vulnerabilidad, exacerbadas por los límites planetarios, los países en desarrollo necesitan cada vez más la posibilidad de diversificar sus economías con el objetivo de alcanzar un piso de satisfacción de necesidades, y disminuir así la vulnerabilidad de la población ante las consecuencias del cambio climático (Godfrid y Arroyo, 2022: 16). Entonces no se trata de desarrollo sí o desarrollo no, sino más bien de qué tipo de desarrollo necesitamos impulsar, y cuánto estamos dispuestos a sacrificar. El panorama actual nos obliga a insertarnos en un debate más defensivo sobre los derechos conquistados, lo cual no le quita importancia a la necesidad de tener estas conversaciones incómodas y poder planificar un sistema alternativo.

La maldición de los recursos naturales se presenta hoy como un arma de doble filo: por un lado es una posibilidad de desarrollo que, si se siguen ciertas pautas para garantizar la retención de regalías y su reinversión en la industria tecnológica nacional, puede actuar como vector para mejorar las condiciones materiales de la sociedad. Sin embargo, esto no es posible sin un Estado presente, encargado de realizar las EIA y garantizar la consulta pública e informada con las comunidades locales. Con un Estado presente, la licencia social funciona. Por otro lado, los bienes comunes naturales son una responsabilidad. Las responsabilidades asimétricas en torno a la crisis climática no nos eximen de la imperante necesidad de tomar cartas en el asunto y de apuntar colectivamente a la construcción de cosmovisiones alternativas al actual paradigma de consumo lineal. 

Anexos

Bibliografía

ARIAS MAHIQUES, M.V; GALUCCIO, M. y FREYTES, C. (2022). Gobernanza socioambiental de la minería de litio: instituciones, acceso a la información y participación pública en Argentina. Buenos Aires: Fundar. Disponible en https://www.fund.ar  

ARROYO , J. I. & GODFRID, D. (2022). Elefantes en la transición energética. CEPE Di Tella

FORNILLO, Bruno (2015) Geopolítica del Litio Industria, Ciencia y Energía en Argentina, El Colectivo; CLACSO. Buenos Aires.

FORNILLO, B., y SLIPACK, A. (2022). La apuesta por el desarrollo del litio. Página 12.

MÖHLE, E. (2022). El desafío de la gestión sostenible del litio. Cenital.

NACIONES UNIDAS (2015). “Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” (UNFCCC). 

OBAYA, M. (2021). “Una mirada estratégica sobre el triángulo del litio: marco normativo y políticas productivas para el desarrollo de capacidades en base a recursos naturales. Pensar los recursos naturales como motor de la innovación”. Buenos Aires: Fundar.

OBAYA, M. y CÉSPEDES, M., (2021) “Análisis de las redes globales de producción de baterías de ion de litio: implicaciones para los países del triángulo del litio”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/58), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

1. Cuando hablamos de eficiencia energética nos estamos refiriendo a la mejor gestión de los recursos para obtener los mismos servicios, consumiendo menos.
   ↩︎
2. https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?breakBy=sector&chartType=percentage&end_year=2019&source=CAIT&start_year=1990 ↩︎
3.  https://www.ipcc.ch/sr15/graphics/ 
   ↩︎
4.  China, EEUU, Indonesia, India, Brasil, Rusia, Japón, Saudi Arabia, Irán y Canadá
   ↩︎
5. Consultado en: https://www.pagina12.com.ar/486668-la-apuesta-por-desarrollo-del-litio (16/06/2023, 16:42 hs) ↩︎
6. OBAYA, M. y CÉSPEDES, M., (2021) “Análisis de las redes globales de producción de baterías de ion de litio: implicaciones para los países del triángulo del litio”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/58), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). ↩︎
7. Es pertinente agregar que, en el caso de Bolivia, gran parte de sus recursos no son clasificados como reservas aún. Las reservas son recursos económica y técnicamente explotables ↩︎
8.  Recuperado de: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-lithium.pdf (19/06/2023)
   ↩︎
9.  Adjuntamos en el Anexo el Gráfico 5, se trata de una comparación realizada por FUNDAR de las estrategias de gobernanza de cada uno de los países del triángulo del litio.
   ↩︎
10.  Citado en Geopolítica del Litio Industria, Ciencia y Energía en Argentina, CLACSO, 2015.
    ↩︎
11.  Fuente: Nota a Senadores y Senadoras de más de 150 organizaciones ambientalistas
    ↩︎
12.  En “Geopolítica del Litio. Industria, Ciencia y Energía en Argentina” (CLACSO, 2015) hay un análisis detallado del conflicto indígena sobre el litio. ↩︎
13. Recuperado de  Conversatorio sobre Transición Energética: ¿Qué onda con el hidrógeno verde y el litio? Última consulta noviembre 2022 ↩︎
14.  Recuperado de: Álvaro García Linera en la UNVM, última consulta diciembre 2022.
    ↩︎